La paradoja que nadie puede ignorar
Costa Rica se ha presentado durante décadas como un país que apuesta por la educación. Familias sacrifican ingresos, el Estado destina una proporción del Producto Interno Bruto comparable a naciones mucho más ricas y la matrícula en escuelas y colegios públicos sigue siendo la vía principal de movilidad social para la mayoría.
Sin embargo, los datos internacionales cuentan otra historia: gastamos más y aprendemos menos. La prueba más visible es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la OCDE, donde el país no solo está lejos del promedio de países desarrollados, sino que empeora de forma sostenida desde 2009, con una caída particularmente grave en matemáticas entre 2018 y 2022.
¿Qué mide PISA y por qué importa para Costa Rica?
PISA no evalúa memorizar fechas ni fórmulas aisladas: mide si los adolescentes de 15 años pueden resolver problemas reales — interpretar textos, razonar con datos, aplicar matemáticas a situaciones cotidianas. Es el termómetro más comparado del mundo para saber si un sistema educativo prepara a la juventud para la economía del conocimiento.
En la última ronda (2022), Costa Rica quedó con una proporción altísima de estudiantes en los niveles más bajos de desempeño en matemáticas (niveles 0 a 2). En la práctica, significa que la mayoría de quienes hoy están en secundaria no domina operaciones básicas, proporciones o interpretación de gráficos — habilidades indispensables para casi cualquier empleo formal y para continuar estudios técnicos o universitarios.
Invertir en educación cuesta aproximadamente cinco veces menos que mantener a una persona en prisión.
Estado de la Nación, 2013 — costo social del abandono escolar
La lectura muestra una crisis paralela: más de 6 de cada 10 jóvenes evaluados no alcanzan el umbral mínimo de competencia lectora. Sin lectura funcional no hay ciudadanía informada ni aprendizaje en otras materias. La crisis educativa es, al mismo tiempo, una crisis de democracia y de productividad.
Más presupuesto no ha sido sinónimo de mejor docencia
El gasto educativo costarricense es alto en el contexto latinoamericano. Gran parte del presupuesto se orienta a nómina docente y administración del Ministerio de Educación Pública (MEP). Aun así, persisten problemas estructurales que explican por qué el dinero no se traduce en aprendizajes:
- Formación y acompañamiento docente insuficiente para las nuevas demandas curriculares y digitales.
- Currículo y evaluación desalineados con estándares internacionales y con las necesidades del mercado laboral.
- Infraestructura deteriorada en muchas escuelas rurales y periféricas: conectividad, laboratorios, bibliotecas.
- Gestión fragmentada y rezagos en planeamiento, seguimiento y rendición de cuentas por resultados de aprendizaje.
No se trata de culpar a los docentes: se trata de un sistema que no les da herramientas, no retiene talento con incentivos claros y no mide con transparencia si los estudiantes aprenden año a año.
Desigualdad territorial y social: dos países en un solo sistema
La crisis no golpea por igual. Estudiantes en zonas rurales, hogares en pobreza, comunidades con menos apoyo familiar y escuelas con alta rotación de personal concentran los peores resultados. La educación pública, concebida como escalera de movilidad, reproduce muchas veces las desigualdades que debería reducir.
El abandono escolar temprano sigue siendo una herida abierta: miles de niños y jóvenes dejan la escuela antes de completar la educación secundaria o egresan sin habilidades certificables. Esa exclusión alimenta el desempleo juvenil, la informalidad y — como muestran estudios nacionales — trayectorias hacia la violencia y el crimen organizado cuando no hay alternativas legítimas de ingreso.
El costo de no actuar: individuos, familias y el Estado
Cuando la escuela falla, el costo lo pagan las familias (en repitencias, privados, desempleo), las empresas (falta de talento) y el Estado (más gasto social y penitenciario). La Dirección General de Adaptación Social documentó que 9 de cada 10 personas privadas de libertad no completaron la secundaria. Prevenir con educación de calidad es incomparablemente más barato que encarcelar después.
En un país que aspira a atraer inversión extranjera, diversificar la economía y reducir la dependencia de sectores de baja productividad, no hay plan nacional creíble sin una revolución de aprendizajes. La ventana demográfica de la población joven se cierra: cada cohorte que egresa sin competencias es una pérdida que no se recupera en décadas.
Qué exige la evidencia (sin excusas)
Los datos no dicen que abandonar la educación pública sea la salida. Dicen que el modelo actual — a pesar del esfuerzo fiscal — no está cumpliendo su promesa social. Exigen transparencia en resultados, metas verificables de aprendizaje, intervención temprana en escuelas de bajo desempeño, formación docente continua y alianzas con familias y sector productivo.
Costa Rica puede volver a ser ejemplo regional. Pero primero hay que nombrar la crisis con claridad: la educación pública está en emergencia, y negarlo cuesta generaciones.